De juzgador a juzgado. Este es el giro de 180° lo dieron los cinco magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo gracias a sus pares de la Sala Constitucional, los cuales tras decidir que revisarían de oficio el fallo mediante el cual sancionaron a las autoridades de la Universidad Central de Venezuela (UCV) por desacato ahora los citan a una audiencia para que expliquen el por qué de su resolución.
La intérprete de la Carta Magna, en su sentencia número 715, que redactó su presidenta, la magistrada Luisa Estella Morales, justificó la medida indicando que la misma le permitirá “la cabal resolución” de la controversia.
El pasado 21 de mayo la Sala Constitucional acordó ponerle la lupa a una decisión que el día 17 adoptó la Sala Electoral y mediante la cual le impuso una multa de 18 mil bolívares (200 unidades tributarias) a cada una de las autoridades rectorales y de los miembros del Consejo Universitario de la UCV por no cumplir el mandato que a finales de 2011 le giró, para que se abstuvieran de celebrar comicios en la institución hasta tanto los reglamentos no fueran modificados y ajustados a la Ley Orgánica de Educación, para así otorgarle a los profesores contratados, estudiantes y empleados y obreros el mismo poder de decisión que tienen los profesores titulares, asociados e instructores.
Aunque nadie le pidió que interviniera, ni siquiera los multados, los siete integrantes de la Constitucional justificaron su actuación, la cual implicó la suspensión de la sanción económica, en la “notoriedad judicial” del asunto.
La actuación de la instancia que encabeza la también presidenta del TSJ no sentó bien entre los magistrados Jhannett Madriz, Malaquías Gil, Juan José Núñez, Fernando Vegas Torrealba y Oscar León.
“La multa a las autoridades de la UCV está blindada, porque ellos estuvieron meses incumpliendo un mandato judicial, el cual está sustentado en una ley y en una política de Estado que busca la democratización de las universidades”, agregó uno de los magistrados que firmó esa decisión ahora en revisión, el cual adelantó que no asistirán a la audiencia, que todavía no tiene fecha.
“Los magistrados de la Sala Constitucional como que se olvidan que los miembros de las demás salas del TSJ estamos al mismo nivel que ellos, no somos jueces inferiores o subalternos así que no pueden pretender llamarnos para enjuiciarnos”, agregó el consultado, quien aseveró que estudian elaborar un informe para enviárselo a sus colegas.
En el máximo juzgado hay quien atribuye la actuación de la intérprete de la Carta Magna al temor de que la multa pudiera provocar nuevas protestas estudiantiles.
Asimismo, hay quienes no descartan que la revisión termine desembocando en la declaratoria de una “falta grave” que pueda conllevar a la sanción de los miembros de la Sala Electoral, algo que ya ocurrió. A finales de 2010, a tres magistrados de esa Sala (Luis Sucre, Luis Martínez y Rafael Rengifo) les solicitaron su jubilación, luego de que la Sala Constitucional determinara que incurrieron en un error al dictar una sentencia.
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