TSJ actuó para evitar que escabinos retardaran juicios.

“La cuerda siempre se rompe por el lado más débil”. Este refrán ilustra a la perfección la situación en la que están hoy los escabinos, ciudadanos llamados a decidir junto a los jueces sobre la culpabilidad o inocencia de una persona acusada de cometer un delito, pues a ellos se les pretende achacar el principal problema que aqueja al Poder Judicial: El retardo a la hora de tramitar los asuntos que conoce, para así justificar su eliminación.

Sin embargo, expertos como la catedrática en Derecho Penal y corredactora del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), Magaly Vázquez, rechazan que se le atribuya a esta figura la responsabilidad por los constantes diferimientos de los juicios, en especial luego de las decisiones que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha adoptado sobre ellos desde 2003.

En su sentencia 3.744, la Sala Constitucional calificó como “una dilación indebida” el hecho de un juzgado con escabinos no se constituyera luego de dos convocatorias y, por ello, autorizó que al juez profesional, quien debe dirigir el juicio, para que “asuma totalmente el poder jurisdiccional sobre la causa, por lo que deberá llevar adelante el juicio prescindiendo de los escabinos”.

En ese momento, el ya reformado COPP daba cinco oportunidades para lograr que los ciudadanos escogidos para fungir como especie de jurados acudieran al tribunal y se diera inicio al proceso oral y público.

Este dictamen facilitó, según reconocieron jueces consultados, la celebración de los juicios e incluso abrió las puertas para que aquellos funcionarios a los que no les agradaba esta forma de participación ciudadana pudieran burlarla.

Los números no mienten 

Las cifras que maneja la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), corroboran ambas versiones, pues entre enero y abril de este año en todo el país se decidió que 218 casos serían analizados por tribunales mixtos (aquellos donde hay escabinos); mientras que 2.732 serían estudiados exclusivamente por los jueces.

En Caracas, la zona del país donde más juzgados hay, 1.065 causas cumplían los requisitos de ley para que fueran conocidas por jueces y ciudadanos de pie (eran expedientes en los que a los acusados se les achacaban delitos castigados con penas superiores a los cuatro años de cárcel), por lo que se inició el proceso para escoger a las personas que conocerían 647.

No obstante, las estadísticas de la DEM revelan que hasta abril en ninguna de ellas se logró ubicar a los escabinos y los titulares de los distintos juzgados decidieron que 415 de ellas las resolverían sin ningún tipo de ayuda.

“Si casi el 90% de los juicios programados en Venezuela los conducen jueces, entonces cómo se puede culpar al escabinato del retardo procesal”, se preguntó una jueza, quien prefirió mantenerse en el anonimato y quien señaló que los diferimientos de los actos judiciales son responsabilidad de múltiples factores.

“Lo primero es que los jueces fijen actos que se pueden realizar y no que los fijen por fijarlos, porque eso es corrupción”, agregó.

Este diario, en su edición del lunes publicó un reportaje en el cual daba cuenta que en Caracas los 30 tribunales de Juicio que hay en la capital fijaban hasta cuatro audiencias diarias en promedio, aún cuando en el Palacio de Justicia apenas se pueden realizar 15. La inmensa mayoría de esas convocatorias no tomaban en cuenta los compromisos que los fiscales y defensores tenían en otros juzgados y por ello muchos terminaban superponiéndose.

El exfiscal y abogado penalista Juan Carlos Gutiérrez también defiende la figura del escabinato, por considerar que la misma es una barrera contra la corrupción y los malos manejos; y rechaza su supresión.

“El Poder Judicial lo que tiene que hacer es optimizar los mecanismos para convocar a los escabinos, no eliminarlos ante su incapacidad para informarles sobre su selección”, reclamó.

Sobre este asunto, fuentes del Palacio de Justicia no solo atribuyeron las fallas en la notificación de los escogidos para integrar un tribunal mixto a los problemas que tiene la base de datos de donde son seleccionados (Registro Electoral), sino a la falta de medios humanos y técnicos para citarlos.

“En los juzgados penales hay 30 alguaciles y ellos deben distribuir las boletas de citación de más de 100 tribunales y además se deben encargar de trasladar a las personas detenidas desde los calabozos hasta tribunales donde está su causa”, precisó un informante.

Por último, Gutiérrez alertó sobre las consecuencias de defender la derogación de los escabinos con el argumento de que son inoperantes, pues “también sería válido para pedir la eliminación de los tribunales porque tampoco dan respuesta a tiempo”.

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